Argentina cayó cinco puestos en el Indice de Percepción de la Corrupción 2025

Argentina retrocedió cinco puestos en el ranking mundial de Percepción de la Corrupción, que la organización Transparencia Internacional (TI) organiza desde hace años y mediante el cual se estiman los esfuerzos que cada país hace para fortalecer sus leyes e instituciones frente al riesgo de casos de corrupción, y como gestiona su investigación, condena y corrección cuando esos casos efectivamente ocurren. Con un puntaje de 36 puntos sobre 100, nuestro país quedó en el puesto 104, cuando en 2024 estaba en el lugar 99.

El CPI (Índice de Percepción de la Corrupción, por sus siglas en inglés) mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Con un tope ideal de 100 puntos, en el que la transparencia sería total, el ranking lo encabeza Dinamarca, con 89 puntos, seguida por Finlandia, con 88. En el otro extremo, Sudan del Sur y Somalía comparten el puesto 181 con 9 puntos, y Venezuela en el puesto 180, con 10 puntos. Transparencia hace la medición todos los años en 182 países y territorios.

Argentina retrocedió un punto respecto a 2024, por lo que se lo percibe como un país más corrupto que en la medición anterior. Comparte puesto con Belize y Ucrania, y es superado por paises como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.

En el breve comentario respecto de cada país, sobre la Argentina el informe recuerda “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad”.

Según evalúa Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano -entidad responsable del capítulo local del índice- “las malas novedades para Argentina en este índice están relacionadas, seguramente, por la ausencia total de interés del gobierno en impulsar políticas anticorrupción. Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos Libra y ANDIS, que además de la sospecha de casos de corrupción no generaron una respuesta contundente por parte del gobierno”.

Para Martín D´Alessandro, Presidente de Poder Ciudadano, “es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo. En el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente”.

Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países en América. Los países con mejores puntajes de la región son, Canada (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17. Haití (16 puntos), Nicaragua (14) y Venezuela (10) son los peores puntuados de América.

Según la evaluación de TI,”desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras significativas. Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.”

Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas, advierte el informe que este martes se da a conocer simultáneamente en todo el planeta. Y hay una particular preocupación por Estados Unidos (64 puntos), que “profundizó su tendencia en descenso hasta alcanzar la puntuación más baja registrada. Aunque todavía no se refleja el impacto de los acontecimientos de 2025, las medidas recientes, como atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial, suscitan gran preocupación.”

“El debilitamiento de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas, mientras que los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global”, advierte Transparencia Internacional.

El presidente de la organización, François Valérian, encendió una luz de alerta: “Nuestras investigaciones y nuestra experiencia como un movimiento global en la lucha contra la corrupción demuestran que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común, desde procesos democráticos y mecanismos de supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta. En un momento en el que observamos un peligroso desprecio de las normas internacionales por parte de algunos Estados, hacemos un llamado a gobiernos y a sus líderes para que actúen con integridad y estén a la altura de sus responsabilidades para ofrecer un futuro mejor a las personas de todo el mundo”.

El CPI clasifica a los países y territorios según el grado de corrupción que perciben los expertos y los ejecutivos de empresas sobre el sector público. Es un índice compuesto, una combinación de al menos tres y hasta trece encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones de prestigio.

Para analizar el caso de Argentina en 2025, se utilizaron los siguientes trabajos: Bertelsmann Foundation Transformation Index; Economist Inteligence Unit Country Ratings; Global Insights Country Risk Ratings; IMD World Competitiveness Yearbook; PRS Country Risk Guide; Varieties of Democracy Project; World Economic Forum y World Justice Project Rule of Law Index.

Las encuestas que componen el CPI plantean a sus consultados preguntas específicas sobre los siguientes aspectos de la corrupción: soborno, desvío de fondos públicos, prevalencia de funcionarios que utilizan el cargo público para obtener beneficios privados sin afrontar consecuencias, capacidad de los gobiernos para contener la corrupción y aplicar mecanismos de integridad efectivos en el sector público, tramitología y carga burocrática excesiva que puede aumentarlas oportunidades de corrupción, nombramientos meritocráticos versus nepotistas en la función pública, enjuiciamiento penal efectivo de funcionarios corruptos, leyes adecuadas sobre divulgación financiera y prevención de conflictos de intereses para funcionarios públicos, protección legal para denunciantes, periodistas e investigadores cuando denuncian casos de soborno y corrupción, captación del Estado por intereses creados estrechos y acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos público.